Posicionamiento del Consejo de la CEDH-SLP sobre los operativos de fuerzas federales en el Estado. Octubre de 2007.

Durante la 77 sesión ordinaria de este Consejo, celebrada en la sede de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, los CC. Consejeros discutieron el siguiente texto y la posición que debe tomar la Comisión frente a los operativos que fuerzas policiales municipales, estatales y federales llevan a cabo en nuestra entidad desde hace semanas. Luego de esta sesión, los consejeros han seguido el análisis de la situación y consideran necesario se publique en la página www.cedhslp.org.mx del organismo lo siguiente:

1. La labor central de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí es defender los Derechos Humanos. Si bien es cierto que los hechos de violencia en la capital del Estado ocurridos en los últimos dos meses han causado zozobra en la población, debemos alertar a la población respecto al peligro de ceder derechos a cambio de una seguridad que bien puede ser sólo aparente.

2. La defensa del Estado de Derecho en contra del crimen organizado no puede darse restringiendo ni poniendo en duda las garantías individuales consagradas en la Constitución General a todos los ciudadanos.

3. La información recibida por esta Comisión acerca de los operativos señala que los mismos, más que enfrentar al crimen organizado de carácter federal, se han vuelto ocasión para aplicar ordenamientos estatales y municipales (revisión de placas, tarjetones, licencias de conducir). Lo anterior es incorrecto porque:

a. Traiciona los objetivos del operativo, distrayendo a las fuerzas federales mandadas al estado en tareas que no les son propias;

b. Se vuelve ocasión para la extorsión de los ciudadanos infractores por parte de los funcionarios municipales y estatales;

c. Involucra al personal federal en prácticas de corrupción que los desprestigian y deslegitiman sus acciones; y

d. En general, causan mayor inseguridad que la que supuestamente justificó la implementación de los operativos. Por otra parte, la información también señala que todas las autoridades involucradas tratan a los ciudadanos con prepotencia y e incluso con violencia física.

4. La Comisión Estatal de Derechos Humanos no participa en los operativos establecidos en distintas partes del Estado por autoridades federales, estatales y municipales porque no es su función validar con su presencia dichos operativos. Su trabajo, al igual que su homóloga federal, es atender a las personas que consideren que en esos operativos se hayan violentado sus Derechos Humanos. Para facilitar esta atención se ha solicitado a las autoridades que los realizan que informen a los afectados por los operativos de los números telefónicos gratuitos a los que llamar para presentar una queja: 01-800-263-9955 (Comisión Estatal) y 01-800-718-2768 ó 01-800-718-2770 (Comisión Nacional).

5. La Comisión ha estado atenta a las noticias y ha encontrado que en los distintos operativos participan, junto con fuerzas municipales y estatales, elementos del Ejército Mexicano en el área de Matehuala y Ciudad Valles; así como elementos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal. No hay información suficiente, respecto de estos últimos, que permita a los civiles la identificación de la corporación a la que pertenecen. La Comisión Estatal de Derechos Humanos manifiesta su preocupación por la utilización de fuerzas militares que en otras entidades federativas han demostrado no contar con el entrenamiento y capacitación que aseguren la integridad física de personas inocentes que pasan por el lugar en que se ha instalado el operativo.

6. Es especialmente grave que estos operativos, supuestamente realizados para garantizar la seguridad de la ciudadanía, causen temor y desconcierto entre la población. Los casos más graves han ocurrido en Ciudad Valles, que sufrió un virtual estado de sitio el pasado 1 de Octubre de 2007 cuando ocurrió la detención de presuntos secuestradores. La ciudad entera fue afectada al acordonarse el centro de la población e impedirse el paso, para salir o entrar, a toda persona. Este hecho deja ver:

a) La poca coordinación efectiva de las corporaciones que participan en estos operativos, pues se prefirió asegurar a los arrestados en instalaciones de la Agencia Federal de Investigaciones dentro de la ciudad y no en las de la Secretaría de la Defensa Nacional que se encuentran en las afueras;

b) La falta de respecto y cuidado que tienen las mencionadas corporaciones respecto de la población civil, que es la supuesta beneficiaria de los operativos.

El último punto es consecuencia directa de la inadecuada preparación de las corporaciones involucradas. Los operativos son dominados por las fuerzas federales, entre las que destaca la hegemonía del Ejército Mexicano. Sus mandos han llamado a esta labor una “guerra” contra el crimen organizado. La vocación de los elementos militares no es policial sino de combate y erradicación del enemigo. El descuido frente a la población civil, que es el centro de las tareas de policía, es inevitable.

7. Otro caso grave ha sido la agresión, ocurrida el 14 de Octubre de 2007, en contra de un joven de la zona rural al norte de la capital de estado. La acción fue realizada, al parecer, por elementos del Ejército Mexicano. Podría estar relacionada con un operativo de control en los caminos rurales de esa zona. Los testimonios recogidos por esta Comisión indican que el personal militar no se identificó ni se detuvo a explicar al joven que estaba frente a un operativo de autoridad. Simplemente le persiguieron y atacaron. Hasta este momento (han pasado dos días), el joven no se ha reportado con su familia, pero esta ha sido cuestionada insistentemente por personal del Ejército Mexicano.

8. La Comisión a detectado en diversas ocasiones la presencia al frente de las corporaciones policiales municipales, de personal militar sin formación policial, sin conocimiento y aún con desprecio por los Derechos Humanos. Luego de los incidentes de violencia contra mandos policiales de Agosto y Septiembre pasado, es muy probable que empeore esta situación, dada la substitución continua de los mandos civiles de las corporaciones policiales potosinas. La Comisión manifiesta su preocupación en este sentido y solicita al Gobierno del Estado tome las medidas conducentes para asegurar que los pocos procesos de profesionalización que están en curso no se detengan.

9. La Comisión Estatal de Derechos Humanos ha solicitado a las autoridades que realizan los operativos en nuestra entidad información acerca de su fundamento legal, los protocolos que aplican, sus objetivos, su duración y los resultados obtenidos hasta ahora; pues considera importante que exista una explicación seria y completa acerca de los problemas de seguridad pública que afectan a nuestro Estado.

10. La Comisión Estatal de Derechos Humanos exige la aplicación puntual del Artículo 129 Constitucional, siguiendo las directivas que la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN estableció desde 1996 para interpretar esa norma y que se resumen en que CUALQUIER ACTUACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES DEBE DARSE BAJO EL MANDO, DIRECCIÓN Y ESTRICTA SUPERVISIÓN DE LA AUTORIDAD CIVIL.

11. El 15 de Octubre de 2007 la Presidenta de la Comisión y el Consejero Rodolfo del Ángel del Ángel participaron en Ciudad Valles en una reunión del CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA INTER-MUNICIPAL de la Zona Huasteca Norte, que preside el Ayuntamiento de Ciudad Valles. Allí plantearon a los miembros del Consejo la posición de la Comisión y les recordaron que es precisamente ese espacio inter-municipal una de las instancias civiles que deben dirigir y supervisar las acciones de las fuerzas militares que participan en los operativos de seguridad pública.

12. Las víctimas del crimen organizado merecen atención. Las Procuradurías de Justicia estatales han establecido unidades en este sentido y la COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS (CNDH) cuenta con un programa especializado.

13. La Comisión Estatal de Derechos Humanos considera que una estrategia de operativos reactivos como el que estamos viviendo, sin ir de la mano de elementos de prevención adecuados no puede tener éxito. Por lo mismo, exige un plan integral de atención a los diversos fenómenos criminales que ha sufrido nuestra sociedad (crimen organizado, tráfico de enervantes, violencia por crimen organizado, adicciones) y no conformarnos sólo con la presencia física de las fuerzas de seguridad en las calles y carreteras.

14. La Comisión Estatal de Derechos Humanos considera que una exigencia central debe ser la profesionalización de las corporaciones policiales en toda la República. Estas corporaciones deben ser civiles y, en tanto se forman, la actuación de los militares en este tema debe darse bajo el mando y dirección de las autoridades civiles. El mismo proceso debe darse a nivel federal al conformarse la corporación especializada en la lucha contra el narcotráfico.

15. La Comisión Estatal de Derechos Humanos considera indispensable incluir elementos de participación ciudadana en las estrategias que se están aplicando, a fin de que todos y todas participemos en la construcción de nuestra seguridad. Como mínimo, considera necesario que se mantenga a la sociedad informada de los objetivos y resultados obtenidos hasta ahora por los operativos realizados.